Así como es necesario tener un GEIN de la Seguridad en la Policía para enfrentar con recursos, inteligencia y tecnología al Tren de Aragua, desde el sistema de justicia también urge similar equipo de magistrados que pueda procesar a los más temidos delincuentes venezolanos sin temor a represalias.
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Ante el desborde de los crímenes perpetrados por la organización criminal transnacional, de muy poco sirve que la Policía Nacional detenga a los criminales si no habrá jueces valientes decididos a condenarlos y sin exponerse a las amenazas, la extorsión o la corrupción de los hampones.
Por ello, el expresidente de la Sala Corporativa de Terrorismo, Marcos Ibazeta, propuso la creación de un tribunal especial contra bandas criminales.
Ibazeta explicó que estos colegiados pueden ser integrados por jueces de distintas partes del Perú para que así sea difícil al Tren de Aragua amenazarlos o atentar contra sus vidas.
“Seleccionando a magistrados de distintos lugares se les complica a los criminales seleccionar a quién quieren eliminar”, manifestó a Perú21.
Esta es una propuesta que fácilmente podría implementarse por parte del Poder Judicial sin afectar tratados o normas sobre derechos humanos, como ocurrió con los jueces sin rostros en la década del 90 con los que se condenó a terroristas.
El exjuez señaló también que solo una sala especial como esta tendrá la flexibilidad de convocar a magistrados de cualquier provincia, ya que las salas penales nacionales no pueden mover miembros de esa forma.
“La Ley Orgánica del Poder Judicial autoriza a la Corte Suprema a crear este tribunal especial, todo está en sus manos”, agregó.
No obstante, el otro problema es que las hacinadas cárceles del país no puedan recibir a estos despiadados sicarios.
Si bien Ibazeta postula que los condenados sean llevados a Challapallca, en las alturas de Tacna, como sucedió con Héctor Prieto, alias ‘Mamut’; muy pronto el recinto puede resultar insuficiente. Y ampliar sus instalaciones tomará tiempo.
En ese escenario, el Poder Judicial podría y debería autorizar el uso de grilletes electrónicos para aquellos internos que estén por concluir sus condenas o hayan cometido delitos menores y así liberar espacio para los delincuentes de la locomotora del crimen. Y se necesita una reforma legal para ello, el Congreso debería entrar a tallar también.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que existe una sobrepoblación de 118% en los penales del país y 98% de hacinamiento. Es decir, urge también en este aspecto tomar medidas.
