Han observado los analistas, no sin razón, que estamos ante un gabinete “impro”, como ahora se suele decir. Y es que el primer rasgo común que asoma para definir al gobierno y al equipo ministerial del premier Alberto Otárola se puede decir a estas alturas es, en efecto, la improvisación.
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Es decir, la ausencia de planeamientos estratégicos en una serie de temas medulares para el país, que van desde la economía hasta la seguridad ciudadana, pasando desde luego por la prevención de desastres y la salud pública.
Un día el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, da una conferencia en un evento de la magnitud de Perumin y anuncia su fe en que el malogrado proyecto minero de Tía María pueda ponerse en marcha nuevamente, de llegar a acuerdos sustanciales con las partes en conflicto, una vez que el proceso de diálogo se reanude.
Y al día siguiente el Premier aparece ante la prensa y declara muy tajante que “Tía María no está en la agenda del Gobierno”. Total ¿en qué quedamos? Horas más tarde Otárola morigeraría sus términos, claro, pero el daño estaba hecho.
Ello, como si la situación del país estuviera para estos dimes y diretes entre sus más altos funcionarios públicos… Y todo ante una comunidad de empresarios que se interesan por invertir en la que es una actividad productiva vital para la salud de la economía nacional.
Los episodios que corroboran este estilo de trabajo –si así puede llamarse– se suceden ya con preocupante frecuencia. El fundado temor es que los continuos cruces entre ministros y funcionarios estén expresando un caos que no se limita solamente a la pésima imagen pública que ofrece el Gobierno.
Lo terrible, en realidad, es que semejantes contradicciones y desencuentros estén revelando el modo en que se manejan asuntos todavía más álgidos de gobernanza y coherencia administrativa. Porque hablamos del Estado, del Poder Ejecutivo, el ente que dirige los destinos de la nación
¿Qué está sucediendo? Alguien debe poner orden en ese gabinete antes de que sea demasiado tarde.
