Por: Joma Gálaga y Shirley Arellano
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Cuando Lily Puescas fue asesinada en agosto último, se encontraba atendiendo a su amiga en la puerta de su bodega de abarrotes Señor Cautivo en la calurosa provincia de Sullana, en Piura.
Los dos sicarios llegaron al lugar en moto. Tras estacionarse, uno de ellos se acercó a la tienda, sacó un arma de fuego y a sangre fría le descargó tres disparos en la cabeza. La amiga salió corriendo y se salvó.
Ese fue el homicidio número 33 que se reportaba hasta esa fecha en la ciudad del norte. Al día de hoy, en Sullana, el sicariato se ha llevado la vida de al menos 36 personas. Y entre homicidios y asesinatos por atraco, las muertes suman 57.
¿Desde cuándo el nivel de violencia en Sullana se volvió insostenible para que sea la única provincia del país en la que el gobierno de Dina Boluarte ha declarado un estado de emergencia por 60 días?
La ciudad piurana, que registra más de 300 mil habitantes, ha sido puesta al mismo nivel que los peligrosos distritos limeños de San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho —también declarados en emergencia— que padecen diariamente al crimen.
EN SU SALSA
Septiembre ha sido el mes más sangriento del año para Sullana.
Han pasado cuatro días desde que se declararon en emergencia siete distritos de la mencionada provincia. Sin embargo, las estadísticas del crimen siguen subiendo. De hecho, tan solo en las últimas 24 horas se han reportado cuatro personas heridas de bala por sicariato y una explosión en una vivienda a causa de las extorsiones, según reportes de la Policía.
Ni siquiera el alcalde se ha salvado de las garras de la criminalidad. “Desde el mes de abril vengo siendo extorsionado y el servicio de inteligencia me señaló eso. Tengo seguridad, guardaespaldas. Hay un sicario al cual le han pagado para que me mate”, aseguró Marlem Mogollón en una entrevista a RPP esta semana.
Al menos desde junio de este año, la población en Sullana se ha reunido para exigirle soluciones al gobierno de Boluarte.
Sin embargo, aun con el estado de emergencia activo, se siguen registrando robos y asesinatos a plena luz del día. Es decir, que los militares salgan a resguardar las calles, como lo anunció el Ejecutivo, no asusta ni al ladrón de celulares.
