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15/09/2011 Trujillo
Comisión congresal debe investigar el caso Sedalib
Acuña dice que empresa de agua manejó millones a libre albedrío.
El alcalde de Trujillo, César Acuña Peralta, saludó la decisión del pleno del Congreso de la República de constituir una comisión especial para investigar los casos de corrupción durante el ex gobierno aprista.

Dijo que dicha comisión debe incluir el escandaloso caso Sedalib, entidad prestadora de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, que se mantienen desde el 2002 con directorio ilegal, al amparo del gobierno aprista.
Entre los casos que verá la comisión investigadora figuran las contrataciones y concesiones que han efectuado Sedapal (empresa de agua y alcantarillado de Lima), EsSalud, Agua para Todos, Petroaudios, decretos de urgencia, decretos supremos, etc. De comprobarse irregularidades se formalizará denuncias ante el Ministerio Público.
“El peor daño que el gobierno aprista le hizo a Trujillo, fue impedir la renovación del directorio de la empresa administradora de los servicios de agua potable y alcantarillado. El nuevo directorio de SEDALIB debió asumir la conducción de la empresa en el 2007, con representantes de las gestiones municipales que ganaron las elecciones en noviembre del 2006”, explicó.
Tras su derrota electoral en Trujillo los apristas buscaron argucias para que el directorio designado por alcaldes del Partido Aprista siguiera administrando los millones de soles de la empresa. Para ello el gobierno aprista emitió decretos supremo, como el 010-2007, que debe ser derogado por el Poder Ejecutivo, señaló.
Hasta ahora las nuevas gestiones ediles no pueden designar a los miembros del directorio como ordena la Ley de Sociedades. Este caso es insólito tal vez único en el Perú. Por soberbia y solo para que SEDALIB no sea manejado por las gestiones apepistas que ganaron la mayoría de municipalidades se emitió el decreto DS 2007, que cambió las reglas para designar a los integrantes del directorio.
Por su parte, alcaldes del partido aprista interpusieron acciones de amparo, como el caso del alcalde de Chepén, Walter Quesquén Terrones, que impidió la convocatoria a junta de accionistas, cuando ni siquiera tenia derecho de hacerlo, pues para ello se requería el 20% de acciones y solo tenía 6%, dijo.
Acuña Peralta dijo que es necesaria la realización de una auditoría de gestión desde el 2002 hasta el 2010, a fin de verificar cómo se han manejado los presupuestos de la empresa de agua potable y alcantarillado. De detectarse peculado y malversación, los responsables deben ir a la cárcel, dijo tajante.
Manuel Rodríguez R.


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