La muerte de María Paola Vargas Ortiz, la joven contadora que el pasado 24 de octubre fue arrojada de una custer durante un asalto perpetrado en su contra por barristas del club Universitario de Deportes, sigue generando reacciones.

Sin embargo, para el doctor David Toso, personero legal del partido político Alianza Para el Progreso (APP), es preocupante que hasta el momento no se hayan pronunciado sobre el tema las principales autoridades que tenían la responsabilidad de garantizar el orden durante la realización del evento deportivo que llevó a la afición crema a invadir las calles el día de la tragedia.

Toso Arcaya sostiene que si el director general de Gobierno Interior, Víctor López Orihuela; y el alcalde de Ate, Juan Dupuy García, hubieran cumplido debidamente sus funciones, Paola Vargas no se habría convertido en una víctima más de la violencia de las barras bravas.

El artículo 17° del Reglamento de Organización y Funciones de las Autoridades Políticas aprobado por Decreto Supremo N° 004-2007-IN del 01FEB2007, establece que los Gobernadores de Distrito capital de Provincia deben otorgar garantías para la realización de concentraciones públicas, como espectáculos deportivos y no deportivos.

“En el caso de Lima Metropolitana y el Callao, el otorgamiento de las garantías para estas actividades lo efectúa la Dirección General de Gobierno Interior, a cargo del señor Víctor López, quien se ha mantenido en el silencio en torno al asesinato ocasionado por vulgares delincuentes cobijados en la barra brava del Club Universitario de Deportes”, señala el asesor legal de APP.

“Todos los ciudadanos que no tenemos seguridad ni resguardo policial quisiéramos saber cómo evaluó este señor la solicitud de autorización que se debió presentar para la realización del partido entre Universitario y Bolognesi. Qué pasó con las cartas de conocimiento y compromiso que debieron presentar los clubes en mención”, agregó.

Asimismo, expresó su preocupación por el desinterés del alcalde de Ate, Juan Dupuy, frente a este caso, pues él es responsable de conceder las licencias para la realización de los eventos deportivos.

“Cómo es posible que se continúen otorgando las licencias para éste tipo de espectáculos, a pesar de que cada vez que se realiza un partido de futbol ocurren actos de vandalismo, se perpetran delitos contra el patrimonio y contra la vida y la salud de las personas”, enfatizó indignado David Toso.

De igual forma, el abogado criticó la ausencia de la autoridad policial que, conforme a lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley Nº 27238, tiene la obligación de garantizar, el orden interno y el libre ejercicio de los derechos fundamentales de la persona, como es el derecho a la vida que se le negó a la joven contadora Paola Vargas; así como la finalidad de prevenir, investigar y combatir la delincuencia.

“En el caso específico de éste tipo de espectáculos (la policía) tenía la responsabilidad de monitorear y coordinar continua y permanentemente el desplazamiento de las barras bravas, así como tomar las medidas preventivas para evitar hechos como el que hoy lamentamos”, manifestó Toso Arcaya.

También deploró que todavía no se haya manifestado ningún miembro del Ministerio Público, como el titular de la acción penal.

“Qué fácil es guardar un silencio cómplice cuando no es la vida de nuestros seres queridos la que se ha perdido. Qué fácil es olvidar el dolor de un padre que no podrá ver más a su hija, y todo por la irresponsabilidad de autoridades carentes de sentido común que deberían ser enjuiciadas conjuntamente con los autores directos del delito”, sentenció.